San José, 2 de diciembre de 2024. La fracción legislativa de Nueva República lamenta el rechazo mayoritario a la moción presentada en el Plenario Legislativo, cuyo objetivo era alzar una postura clara en defensa del derecho a la vida y la soberanía nacional, en relación con el caso Beatriz vs. El Salvador, actualmente en análisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
La moción buscaba instar al presidente de la República a defender los principios consagrados en la Constitución Política de Costa Rica, que protege la vida desde la concepción y la dignidad humana como valores esenciales de nuestra sociedad. Asimismo, la propuesta señalaba la importancia de oponerse a cualquier intento de imponer agendas externas que puedan vulnerar la soberanía de los países latinoamericanos, incluyendo la legalización del aborto sin el respaldo de los poderes legislativos nacionales.
La fracción de Nueva República reafirma su compromiso con la defensa de la vida y la familia como pilares fundamentales de la sociedad costarricense. En un contexto en el que sectores internacionales intentan normalizar prácticas contrarias a estos valores, la moción representaba una oportunidad de enviar un mensaje claro en favor de los derechos humanos, especialmente de aquellos que no tienen voz: los no nacidos.
El rechazo a esta moción abre la puerta a que decisiones en instancias internacionales se utilicen para avanzar en la legalización del aborto en países de la región, sin respetar los procesos democráticos internos. La fracción de Nueva República seguirá velando por la soberanía de Costa Rica y los principios que protegen la vida desde su inicio hasta su muerte natural.
A continuación, se adjunta el texto de la moción presentada, como testimonio del compromiso de Nueva República con la defensa de los valores significativos de nuestra nación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
PLENARIO LEGISLATIVO
MOCIÓN DE ORDENDE VARIAS (OS) DIPUTADAS (OS)
Considerando:
Que, en el año 2013, médicos, abogados y activistas proaborto, al conocer el caso de Beatriz, una salvadoreña embarazada, madre de la bebé llamada Leilani, diagnosticada en el vientre con una enfermedad grave que presagiaba una corta vida, abusaron de su situación de vulnerabilidad y distorsionaron la percepción de Beatriz para manipularla y solicitar aborto para su caso.
Que Beatriz nunca estuvo en riesgo inminente de muerte, según las pruebas clínicas realizadas, al punto que Leilani nació y vivió por algunas horas y su madre continuó con su vida con total normalidad y sin secuelas, pues los médicos que la atendieron, constantemente, priorizaron su salud y su vida.
Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) levantó las medidas provisionales a favor de Beatriz, en una resolución del 19 de agosto de 2013, tras reconocer que el Estado de El Salvador había tomado las acciones necesarias para garantizar su vida.
Que, lamentablemente, Beatriz falleció cuatro años después del nacimiento de Leilani, a causa de un accidente de tránsito, hecho que varios grupos abortistas relacionaron con la prohibición del aborto pretendido, con el fin de torcer la verdad y aprovechar la tragedia de esta mujer luchadora, para promover su agenda proaborto en América Latina.
Que el 5 de enero de 2022, el lobby activista para la legalización del aborto acudió ante la Corte IDH para solicitar que se declarara la responsabilidad internacional de El Salvador por la presunta violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, vida privada e igualdad, según su visión ideológica particular, lo cual se tradujo en la apertura del caso denominado «Beatriz y otros versus El Salvador».
Que el objetivo explícito de estas organizaciones es que la Corte IDH siente precedentes internacionales, ya sea sobre la necesidad de protocolos o guías para establecer la denominada «interrupción del embarazo» o, para el llamado «aborto terapéutico», con el fin de ampliar las causales de despenalización del aborto y fomentar su práctica, como medio para conseguir la legalización de este en cada país, sin la intervención de los poderes legislativos, lo cuales, en virtud del mandato soberano de sus pueblos, son los llamados a definir este tipo de políticas para sus naciones.
Que, antes del 29 de noviembre de 2024, los jueces de la Corte IDH deberán establecer la sentencia del caso de marras y que una eventual condena a El Salvador representa una clara pretensión de avanzar hacia la legalización del aborto fuera de la institucionalidad democrática de los países adscritos al organismo y, en ese tanto, para pasar por encima de los poderes legislativos de los países, como ya lo han hecho con otros tópicos.
Que todas las afirmaciones, principios y derechos expresados en los diferentes instrumentos internacionales, siempre deben interpretarse en función de la dignidad inherente al ser humano, tal y como lo reconoce la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su preámbulo primero, el cual, literalmente, garantiza «la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana»,
Que en el preámbulo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, se indica que «los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana», mientras que se reconoce en su artículo 11 el derecho a la honra y la dignidad y en el numeral 24 el derecho a la igualdad.
Que, en este mismo sentido, estamos obligados a señalar que la Constitución Política de Costa Rica establece, en su artículo 33, que toda «persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana», a la vez que, en su numeral 21 señala, contundentemente, que «la vida humana es inviolable».
Que, el derecho a la vida está protegido, expresamente, en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 4 del Pacto de San José que, literalmente, dice: «Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente».
Que la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) establece que el orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los Estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados.
Por tanto, varios (as) diputados (as) hacen la siguiente moción:
Para que el Plenario Legislativo acuerde:
Solicitarle al presidente de la República, en su condición de jefe del Estado costarricense, para que, en el evento de que en el caso Beatriz y otros versus El Salvador, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falle en contra del Estado Salvadoreño y zanje el camino para la legalización del aborto en ese hermano país y en el resto del subcontinente, adopte una postura firme en defensa del derecho a la vida, los valores fundamentales de la sociedad costarricense y la soberanía nacional; así como, en apego a lo establecido en los artículos 21 y 33 de la Constitución Política de la República y el numeral 4 del Pacto de San José, y para que denuncie la Convención según lo establecido el artículo 78 de ese cuerpo jurídico.
Hacer un llamado vehemente a la comunidad internacional, para que se sume al esfuerzo continental por detener la legalización del aborto en los países latinoamericanos que aún protegen la vida de las personas no nacidas, como lo ha hecho la sociedad civil organizada provida de Costa Rica por muchos años, mediante procedimientos jurisdiccionales en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por encima de los poderes legislativos de los Estados latinoamericanos, como es el caso de Beatriz y otros versus El Salvador.
Solicitarle a la alta magistratura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las personas de sus jueces, que en el caso de Beatriz y otros versus El Salvador se atengan, expresamente, a la exégesis de los instrumentos internacionales ratificados por los países de la región, en particular, por el texto de la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José, particularmente en su artículo 4, que garantiza la inviolabilidad de la vida humana desde antes de nacer y hasta su muerte natural.
La fracción legislativa de Nueva República reafirma que esta decisión no detendrá sus esfuerzos por proteger la vida y los valores que sostienen a Costa Rica. Continuaremos trabajando desde todos los espacios posibles para defender la dignidad humana y el respeto a nuestra institucionalidad democrática.
