Al menos 2,4 millones de personas son víctimas de trata, en su mayoría personas menores de edad, según información de la Organización Mundial de Trabajo (OIT). Por esta razón, con el objetivo de hacerle frente a esta problemática de la que Costa Rica se ha visto afectada, la Fracción de Nueva República presentó el expediente 23.871, el cual aumenta las penas de prisión por el delito de tráfico de personas menores de edad y tráfico de órganos.
La iniciativa aumenta hasta 25 años de prisión a quien promueva, facilite o favorezca la venta de personas, y hasta 30 años si es ascendiente o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad.
«Lamentablemente, Costa Rica ha sido un territorio utilizado para la trata de niños y adolescentes, principalmente, con fines de explotación sexual. Como país, debemos proteger a nuestra niñez del denominado turismo sexual», agregó Fabricio Alvarado, jefe de fracción de Nueva República.
Asimismo, en el proyecto se incorpora la participación de cámaras empresariales, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales como parte de la Coalición que establece la Ley de contra la Trata de Personas núm. 9095, responsables de elaborar políticas públicas para la prevención del tráfico ilícito y la trata de personas.
El proyecto de ley se ha inspirado en la conmoción generada en el mundo por el lanzamiento de la película Sound Of Freedom (Sonido de Libertad), producida y protagonizada por el cineasta mexicano Eduardo Verástegui, la cual hace una profunda denuncia del flagelo mundial de la trata y explotación sexual y de órganos de niños, niñas y adolescentes, especialmente, en Latinoamérica.
Finalmente, según un informe de las Naciones Unidas, para el 2018 el tráfico de niñas en Centroamérica y el Caribe representa un 40% de todas las víctimas, uno de los mayores de todo el mundo, y para el año 2020 el gobierno costarricense identificó 30 niñas y niños en esta condición.
